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• Noticias de Gipuzkoa, 2009-03-18 # Agustín Unzurrunzaga • Gipuzkoako SOS Arrazakeria

La política de inmigración y extranjería impulsada desde el Gobierno del Estado, y más específicamente desde el Ministerio de Trabajo, tanto en lo que hace a las medidas concretas que se están adoptando como a las ideas que se utilizan para explicarlas, supone un cambio, a peor, en una materia compleja por naturaleza que, por mucho que se empeñe el señor Corbacho, no se deja reducir a unas cuantas frases tópicas, a eufemismos y a medias verdades que encierran grandes dosis de falsedad.

A nadie se le escapa la dificultad de dirigir la política de inmigración y extranjería de un Gobierno en un período de crisis económica. Pero reconocer la dificultad de la tarea no implica aceptar las propuestas que se hacen ni las explicaciones que se dan para implantarlas.

El 1 de octubre, al publicarse el catálogo de actividades de difícil cobertura correspondiente al cuarto trimestre, hemos visto confirmado lo que ya sospechábamos: que lo dicho, redicho y rectificado sobre la contratación de trabajadores extranjeros en origen se iba centrar en una reducción drástica de las ocupaciones incluidas en los catálogos provinciales. En el caso de Gipuzkoa, donde en todos los trimestres de los dos últimos años el número de ocupaciones sobrepasaba las 40, han quedado reducidas a tres: caldereros, caldereros tuberos y rebarbadores.

Al margen de que resulta un tanto misterioso como determina el INEM algunas de las actividades, es evidente que al reducirlas de manera tan brutal, no dejan más opción para las personas que estando aquí en situación irregular pudiesen utilizar el régimen general, que olvidarse de ese sistema y esperar a completar tres años de estancia y solicitar su regularización por la vía del arraigo social, donde no hay límite profesional.

Con la contratación de trabajadores y trabajadoras extranjeras en origen, el Ministerio de Trabajo siempre ha hecho declaraciones conscientemente confusas, borrando el hecho de que una parte importante de esas contrataciones se hacían, en realidad, con personas que habiendo permanecido aquí un tiempo en situación irregular, habían vuelto al país de origen porque disponían de una oferta de empleo que se gestionaba aquí por la vía de régimen general. Con semejante reducción del catálogo, esa vía no es practicable (aunque está por ver si al INEM no le va a quedar más remedio que emitir certificaciones negativas en determinadas profesiones, empleadas de hogar internas, por ejemplo) con lo que la irregularidad se hará más persistente, aumentará la competencia entre trabajadores, y la explotación de las personas, abocadas al casi único horizonte del arraigo social, se acrecentará.

En lo que hace a la reagrupación familiar, se va a recortar el derecho a la reagrupación de los ascendientes, exigiendo la tenencia de un permiso de residencia permanente para ejercerlo. En este tema, el ministro ha mostrado, por un lado, que es un mentiroso redomado y, por otro, que todo eso de los derechos humanos, entre los que está ese que dice que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, se la repampinfla.

La reagrupación familiar de los ascendientes ha sido siempre, en la práctica, mucho más complicada y difícil que la del cónyuge y los hijos e hijas. Nunca ha sido, jamás, esa especie de camino de rosas que decía Corbacho en cada una de sus intervenciones. Lo que el ministro ha dicho en múltiples declaraciones es, desde el punto de vista práctico, de cómo se llevan a cabo los expedientes, falso, de arriba a bajo falso. El ministro sabe que para reagrupar a los ascendientes hay que demostrar su dependencia económica del reagrupante y que tienen que haber razones que justifiquen la reagrupación. Sabe perfectamente, y si no lo sabe que pregunte en las subdelegaciones del Gobierno y en los consulados generales, que autorizaciones de residencia aprobadas aquí son sistemáticamente denegadas en la fase de la tramitación del visado de reagrupación. Sabe que sistemáticamente los consulados generales hacen silencio administrativo a la hora de contestar a los recursos de reposición, con lo que obligan a pleitear ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único tribunal que atiende esa materia, y que los procedimientos se prolongan unos tres años. Sabe que hay múltiples denuncias ante el Defensor del Pueblo por esa sistemática actitud obstruccionista de diferentes administraciones, especialmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la reagrupación de los ascendientes. En realidad, lo que ya era difícil, lo van a hacer todavía más difícil, mostrando una vez más que al Ministerio de Trabajo las personas, con todas sus necesidades sociales y afectivas, le importan un comino. Quieren personas mutiladas, sin sentimientos ni relaciones, reducidas a la sola condición de mano de obra movible según los vaivenes del mercado. Pero ese tipo de persona no existe, y lo que se constriñe de un lado saldrá por otro. Las encuestas hechas a inmigrantes nos vienen insistiendo en que lo que más echan en falta son sus relaciones familiares, y que eso es mucho más importante que la práctica de la religión o poder hablar su lengua. En definitiva, que las necesidades afectivo relacionales son mucho más importantes que las culturales. Pero el ministerio se empeña en seguir machacándoles en lo que más echan en falta.