- Donostia aparta del servicio a 4 policías por presunto maltrato a un detenido
- Los incidentes se conocieron gracias al nuevo sistema de vídeo vigilancia de los calabozos. El ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario a los agentes implicados. El arrestado, un joven magrebí, mordió a uno de los guardias en el momento de su detención
- Noticias de Gipuzkoa, 2009-02-13 # Ane Paguey • Donostia
La Jefatura de la Guardia Municipal de Donostia ha abierto un expediente disciplinario a cuatro agentes por una presunta agresión a un detenido de origen magrebí, al que supuestamente maltrataron en los calabozos de la comisaría de la calle Easo el pasado mes de noviembre.
Cámaras de vídeo vigilancia instaladas en las dependencias policiales habrían registrado el abuso cometido por los policías implicados, tres de los cuales son interinos, mientras que el otro es un veterano del cuerpo policial donostiarra. Uno de los guardias, no obstante, recurrió ante la justicia ordinaria la suspensión cautelar del servicio y la Junta de Gobierno Local dilucidará hoy enviar el expediente abierto contra los cuatro agentes al Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia, que lo ha solicitado para analizar, a su vez, el recurso presentado ante ese mismo juzgado por el agente disconforme con el expediente abierto.
Los hechos, que han sido puestos en conocimiento de la justicia por parte de la policía local como es obligación legal en estos casos, tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. La Guardia Municipal se disponía a detener a un hombre por su "conducta sospechosa" cuando, según ha podido saber este periódico, éste reaccionó violentamente al arresto propinando un fuerte mordisco a uno de los agentes en el momento de la detención, lo que provocó su baja laboral. Fue posteriormente, ya en las dependencias policiales de la calle Easo, donde presuntamente se produjeron los malos tratos lo que, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, agravaría el presunto delito "al no ser una respuesta en caliente" .
La prueba audiovisual de los hechos fue visionada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gasco, quien dio orden a la Jefatura del cuerpo para que pusiera en marcha todo el protocolo de actuación que debe seguir la Guardia Municipal en este tipo de circunstancias.
Así, de acuerdo a este reglamento, sobre los cuatro agentes pesa actualmente un expediente disciplinario que se les abrió el pasado 26 noviembre y que un día después fue remitido a instancias judiciales. En estos momentos, además, los implicados han sido apartados del servicio como medida cautelar.
Los tribunales determinarán ahora si los policías que presuntamente cometieron la agresión actuaron de forma adecuada y deben ser repuestos en sus cargos o cometieron un abuso de autoridad y, por tanto, se les deben aplicar medidas disciplinarias. Estas últimas, además, podrían variar en caso de que la actuación policial fuera declarada falta o delito.
Para analizar éstas y otras cuestiones, la Audiencia de Donostia podría solicitar la presencia de distintos miembros del cuerpo policial donostiarra, quienes deberán comparecer ante el juez encargado del caso para prestar la oportuna declaración.
Mientras tanto, y siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Policías Vascas, días después de que se abriera el expediente a los cuatro guardias, la delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Donostia, Alicia González, remitió al comité de trabajadores del Ayuntamiento donostiarra una circular en la que se explicaban los hechos. Asimismo, se informaba a los representantes sindicales (de Erne, ELA, LAB y CCOO) de que estaban en su derecho de presentar las alegaciones que considerasen oportunas en defensa de los empleados expedientados. Algunos de ellos, además, se encuentran sindicados y cuentan con la asesoría de las centrales.
Por otra parte, los representantes sindicales, que en todo momento solicitan que se mantenga la presunción de inocencia para los acusados, consideran, no obstante, correctas las medidas cautelares adoptadas por la Jefatura de la Guardia Municipal y aseguran que se mantendrán a la espera de conocer la resolución del juez, sin realizar más valoraciones.
El nuevo sistema de vídeo vigilancia instalado en la comisaría de la Guardia Municipal de Donostia para garantizar los derechos de los detenidos ha sido la pieza clave que ha permitido iniciar el procedimiento contra los cuatro agentes supuestamente implicados en una agresión.
Al parecer, las cámaras colocadas en los calabozos registraron los presuntos malos tratos contra un detenido de origen magrebí ocurridos en noviembre en una de las celdas y, al tener constancia de ello, la Jefatura del cuerpo donostiarra decidió actuar aplicando el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Policías Vascas. La supuesta agresión, asimismo, habría sido comprobada por el concejal de Seguridad Ciudadana y máximo responsable de la Guardia Municipal, Ernesto Gasco, a través del visionado de las cintas.
Este sistema de vídeo abarca el interior de las celdas y las áreas de tránsito de la zona de calabozos, con excepción de la sala desde la que se realiza la custodia de los arrestados. Las cámaras registran ininterrumpidamente una imagen cada cinco segundos durante las 24 horas del día y también pueden activarse para funcionar a tiempo real.
Para garantizar su efectividad, la grabación no se puede desconectar o interrumpir ni existe la posibilidad de borrar selectivamente determinados contenidos. El plazo de almacenamiento de la información, no obstante, es de siete días, tras lo cual, las nuevas imágenes se graban automáticamente sobre la cinta anterior, salvo casos en los que, por diversas circunstancias, es preciso conservar el material. La entrada a la sala donde se ubica el sistema de vídeo, además, está restringida, así como el acceso al ordenador en el que pueden visualizarse los vídeos y el despacho en el que se encuentra este equipo.
Éstas y otras consideraciones fueron recogidas por el Ararteko en su Informe anual al Parlamento Vasco de 2007, en el que aplaudía la instalación de cámaras en la comisaría por parte del Ayuntamiento donostiarra. Según señalaba el Defensor del Pueblo en dicho documento, una visita al depósito municipal de detenidos permitió a esta institución conocer las mejoras aplicadas por el Consistorio desde su anterior inspección, efectuada en 2002.
En aquel año, una de las carencias que detectó el Ararteko en las instalaciones policiales fue la inexistencia de cámaras que acreditaran los hechos ocurridos en las celdas. El nuevo sistema de vídeo vigilancia es, por tanto, "una importante novedad", en palabras del Defensor del Pueblo de la CAV.