2009/06/01

> Berria: Abortua > ABORTAR A LOS 16: SIN PERMISO... ¿Y EN SECRETO?

  • Abortar a los 16: sin permiso... ¿y en secreto?
  • La posibilidad de que las menores decidan sin contar con sus padres se convierte en uno de los puntos más controvertidos de la reforma. Antes de 2002 no existía la obligación legal de pedir el consentimiento. El BNG propone que se informe a los tutores de todas las intervenciones
  • El País, 2009-06-01 # Mónica Ceberio Belaza
Una chica de 16 años se queda embarazada y decide abortar. Va al hospital con una amiga o con su novio. Sin decírselo a sus padres. Porque piensa que no estarían de acuerdo, porque no tiene confianza, o, sencillamente, porque no quiere dar cuentas a nadie de su intimidad. Esta imagen, que será una realidad si el anteproyecto de ley del aborto se aprueba tal cual por el Parlamento, está atormentando a un buen número de padres y madres españoles, tanto a favor como en contra del derecho al aborto, que creen que el Estado debe garantizarles que puedan tomar parte en una decisión tan trascendente como interrumpir un embarazo. Piden que, al menos, se les informe de lo que va a hacer su hija.

Frente a esta opinión, otro sector sostiene que si la mayoría de edad sanitaria está en los 16 años, si a esa edad los adolescentes pueden consentir cualquier intervención quirúrgica, no debe haber excepciones para el aborto. Será labor de los padres conseguir una relación fluida con sus hijas y que ellas busquen su apoyo. Es lo que defiende el Gobierno. "Evidentemente, lo idóneo es que ante una decisión como ésta, las jóvenes puedan contar con sus seres queridos y con su círculo de confianza, pero esto no se puede imponer por ley", dice la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "La confianza en el seno de las familias se enmarca en el ámbito de lo privado y al Gobierno lo que le corresponde es establecer seguridad y garantías para que, si una chica decide interrumpir su embarazo y no contarlo por los motivos que sea, la intervención se realice en las condiciones de máxima seguridad, sin que la joven ponga en riesgo su salud. Evitar la clandestinidad y la ilegalidad es también otro de los objetivos de esta ley".

El debate ha calado hondo en la sociedad. El 56% de los votantes del PSOE y el 88% de los del PP no están de acuerdo con el Gobierno, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy este diario. La medida recibe el apoyo sólo del 40% de los electores socialistas y del 8% de los populares.

Dentro del PSOE ya se han alzado voces críticas. Algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, están en contra incluso de que las menores puedan decidir por sí mismas. Pero la mayor parte de los discrepantes sólo reclama, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, información para los padres. El presidente Zapatero ha terciado en la polémica defendiendo que se trata de "una decisión íntima de la mujer", que es la que "tiene la responsabilidad de un embarazo para toda la vida".

En la legislación comparada europea hay numerosos casos en los que se permite a las menores decidir por sí mismas y sin ninguna exigencia adicional. Es así en Reino Unido, Grecia, Portugal, Holanda, Noruega, República Checa, Letonia y Lituania. En Alemania se sigue un sistema basado en la capacidad de juicio, y no en la edad. El consentimiento de las mayores de 16 años se presume válido salvo que se pruebe lo contrario; entre los 14 y 16 se analiza caso por caso; y por debajo de los 14 es necesaria la autorización de los padres a no ser que la menor pruebe ante un juez que tiene capacidad para decidir.

En otros países se exige que las menores tengan la aprobación de un adulto, pero no es necesario que sean los padres o tutores. En Francia, por ejemplo, en principio, deben presentar el consentimiento de su tutor, pero si prefieren no contarlo en casa, basta con que vayan al hospital o a la clínica acompañadas por un adulto que ellas elijan. En Finlandia, las menores de 17 años necesitan autorización, pero no de los padres, sino del médico que practica la interrupción del embarazo. Y en Dinamarca hay comisiones formadas por cuatro personas en cada distrito que autorizan los abortos de menores y discapacitadas. Hungría y Luxemburgo sí exigen la autorización paterna en todos los casos de abortos de menores. Hay otros que también lo hacen, pero con alguna excepción. En Italia, si hay un peligro grave para la salud de la joven, no hace falta el permiso parental, y si los padres no consienten la intervención o no se ponen de acuerdo, decide un juez.

El Gobierno presentará su proyecto de ley a finales de julio o principios de septiembre para que comience su andadura parlamentaria. El texto, según el Ministerio de Igualdad, no exigirá que se informe a los padres. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002 -aprobada por el Gobierno popular de José María Aznar- estableció en los 16 años la mayoría de edad sanitaria salvo en tres supuestos: interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida y ensayos clínicos. Esa excepción para el aborto es la que el Ejecutivo quiere eliminar.

¿Qué ocurría antes de 2002? El artículo que despenalizó el aborto no hacía referencia al respecto. La única norma aplicable era el artículo 162.2 del Código Civil, que señala que los menores pueden consentir por sí mismos "los actos relativos a derechos de la personalidad" u otros que "de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez", puedan realizar por sí mismos. El problema era quién decidía si tenía o no suficiente madurez. Como el tema del aborto ha sido siempre tan conflictivo, las clínicas (que son las que realizan el 97% de las intervenciones) optaron por evitar problemas y exigir a pesar de todo el consentimiento paterno.

"En un principio se pedía a las menores una carta de autorización firmada por los padres o tutores con una copia del carné de identidad para asegurarnos de que la firma era la misma" explica Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). "Pero por las denuncias de algunos padres, en casos en los que la menor había falsificado la firma, las clínicas de ACAI empezamos a exigir que las chicas vinieran con los tutores, salvo que estuvieran emancipadas". Si los padres no estaban de acuerdo, la menor podía acudir a un juez, como ahora.

El criterio, de todas formas, no estaba claro, como lo demuestra el artículo 59 del código deontológico del Colegio de Médicos de Barcelona, que decía que "el médico no practicará nunca ninguna interrupción de embarazo sin el consentimiento libre y explícito del paciente, dado después de una cuidadosa información, en especial cuando éste sea menor, pero con capacidad para comprender lo que consiente. Cuando no exista esta capacidad, será preciso el consentimiento de las personas vinculadas responsables". Esta norma, que quedó sin efecto después de la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente, expresaba que, si la menor tenía suficiente capacidad, no hacía falta el consentimiento de sus padres.

Ahora, el Gobierno tendrá que consensuar con el resto de los partidos. Los tres grupos con cuyo apoyo ya cuenta para aprobar la reforma -el Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya / Verds y Esquerra Republicana- apoyaron esta medida en las conclusiones de la subcomisión mixta Congreso-Senado. Pero ahora el BNG matiza. "No hay duda de que el aborto debe tener el mismo tratamiento jurídico que el resto de las intervenciones médicas", dice Olaia Fernández, de BNG. "Pero sería conveniente que las familias estuvieran informadas. Una idea que se puede tratar en el trámite parlamentario es que se comunique a los padres no sólo ésta, sino cualquier operación que se le practique a un menor".

Muchas veces las creencias religiosas de la familia provocan que las menores retrasen la decisión y requieran después una intervención quirúrgica más compleja. Si la ley obliga a comunicar el aborto a los padres, ¿cabría alguna excepción en casos de adolescentes que tengan miedo de las consecuencias de su decisión? "La ley no puede entrar en razones morales", opina Olaia Fernández. Uno de los riesgos de la información obligatoria a los padres es que las chicas acudan a abortar a Portugal, donde no se les exige ningún permiso.

Gaspar Llamazares, portavoz de IU, no está de acuerdo en que se imponga la información a los padres. "Hay que tratar este tema como cualquier otro asunto sanitario", opina. "La ley no puede imponer unas buenas relaciones familiares. Y, si nadie discute que a esa edad las chicas pueden tener relaciones sexuales, de la misma forma deben poder decidir la interrupción de un embarazo".

Los parlamentarios tendrán que decidir cómo regulan la peliaguda cuestión durante los próximos meses. Parece que el debate no ha hecho más que empezar.

> Berria: Abortua > EL 56% DE LOS VOTANTES DEL PSOE SE OPONE A QUE LAS MENORES ABORTEN SOLAS

  • El 56% de los votantes del PSOE se opone a que las menores aborten solas
  • La reforma del Gobierno se enfrenta a la oposición del 64% del electorado. El rechazo es mayor entre las mujeres (67%) que entre los hombres (61%)
  • El País, 2009-06-01
La reforma de la Ley del Aborto, que despenaliza la interrupción del embarazo y permite que las chicas de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno, se ha convertido en un serio problema político para el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un 64% de los encuestados por Metroscopia para EL PAÍS "no está de acuerdo" con que las menores aborten solas y sólo un 30% está a favor. Entre los votantes socialistas, un 56% también se opone a este punto, con lo que la división que han mostrado los dirigentes socialistas en este aspecto llega también a los votantes.

La encuesta, realizada mediante 1.000 consultas telefónicas entre el 27 y el 28 de mayo, otorga 3,7 puntos de ventaja al PP sobre el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo domingo. El sondeo revela que la oposición a que las menores aborten sin consentimiento paterno es algo mayor entre las mujeres que entre los hombres. Un 67% está en contra, mientras que entre los hombres el porcentaje que se opone es del 61%.

En todos los grupos de edad hay un rechazo mayoritario a que el consentimiento paterno no sea un requisito, pero la oposición crece con los años y es mayor entre quienes tienen más de 55.

Lo más preocupante para el PSOE es que un 56% de sus votantes está en contra del proyecto. Entre los votantes del PP, este porcentaje asciende hasta el 88%.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que la reforma impedirá que los padres "interfieran" en la decisión de sus hijas. La mayoría de los países europeos permite abortar a menores sin consentimiento paterno, pero la reforma ha tenido contestación en las filas socialistas, como la del presidente castellano-manchego, José María Barreda, quien se ha mostrado contrario a este punto. Algunos diputados socialistas han pedido que la ley no obligue al consentimiento paterno, pero sí al conocimiento paterno, en línea con lo que propondrá el BNG. Otros socialistas católicos, como el presidente del Congreso, José Bono, han eludido pronunciarse, aunque han dado a entender que preferirían un texto más suave.

El PP ha hecho de la reforma de la Ley del Aborto, y en especial del punto que permite abortar a las menores sin consentimiento, uno de los ejes de su campaña de las europeas. El candidato popular, Jaime Mayor Oreja, se alineó con el ala más dura de la Iglesia católica, al considerar que el aborto es peor que los abusos sexuales a menores de los que han sido acusados curas en Irlanda.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió ayer que el PP aún "sigue diciendo no" a la Ley de Igualdad, a la reforma de la educación o a que "las mujeres decidamos sobre nuestra propia vida", en alusión a la Ley del Aborto.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha defendido que la Ley de Autonomía del Paciente, que aprobó el Congreso en 2002 a propuesta del Gobierno del PP, fijó la mayoría de edad sanitaria en los 16 años salvo para el aborto y la reproducción asistida. Ahora la reforma elimina la excepción del aborto con el argumento de que si una menor puede operarse a corazón abierto o someterse a una operación de cirugía estética sin consentimiento paterno, también debe poder abortar. Aído ha llegado a recordar que el PP permitió con su ley a una menor "ponerse tetas" sin consentimiento.

El PSOE andaluz salió ayer a defender a Aído y su diputada Verónica Pérez denunció una "cruzada" del PP y de los sectores "más retrógrados" contra ella por ser "mujer, socialista y andaluza".

Intenso debate entre los socialistas
- Zapatero (presidente). "Con esta norma preservamos una situación excepcional. Es una decisión íntima de la mujer, pues tiene la responsabilidad de un embarazo para toda la vida". Y añadió que los padres podían "interferir de manera determinante".
- Bibiana Aído (ministra de Igualdad). "No se rompía la patria potestad cuando en el año 2002 aprobaron la Ley de Autonomía del Paciente, por la cual se permite que cualquier joven pueda operarse de lo que quiera, ponerse tetas, por ejemplo".
- José María Barreda (presidente de Castilla-La Mancha). "No me parece bien que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Soy padre y no concibo que si mi hija estuviera en ese supuesto no se comunicara con su madre y conmigo".
- Guillermo Fernández Vara (presidente de Extremadura). "Si una chica de 16 años puede decidir si le transplantan un riñón, puede decidir que se interrumpe voluntariamente un embarazo. Si mi hija, cuando tenía 16 ó 17 años, hubiera tenido esa situación vital, me hubiera gustado estar a su lado, no para cambiar su opinión, pero sí haber podido estar a su lado".
- Ángel Gabilondo (ministro de Educación). "Ellas son las que han de tomar la decisión y sobre esto hay unanimidad, pero es muy importante que tengan próximo a alguien que las pueda asesorar y ayudar".
- José Antonio Pérez Tapias (diputado del partido socialista). "El consentimiento paterno no debe ser indispensable, pero sí el conocimiento".
- Carme Capdevila (consejera de Acción Social de Cataluña). "Una joven de 16 años tiene derecho a decidir sobre su maternidad. Pero esta decisión no se puede tomar sin el acompañamiento de los padres".

> Berria: Hauteskundeak > ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA TRANS-MARIKA-BOLLO-FOBIA

  • Estrategias de lucha contra la trans-marika-bollo-fobia
  • Anticapitalistas.org, 2009-06-01
El viernes 29 de mayo se celebró en el Ateneu Rebel, dentro del marco de la campaña que Izquierda Anticapitalista está llevando a cabo para las elecciones europeas del 7 de junio, el acto “Estrategias de lucha contra la Trans-marika-bollo-fobia”.

El primero que intervino fue el conocido activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y candidato de Izquierda Anticapitalista en las próximas elecciones europeas, Eugeni Rodríguez. Eugeni explicó el porqué de esta palabra (Trans-marika-bollo-fobia) para definir contra qué está luchando básicamente el actual movimiento LGT (Lésbico-Gay-Transexual). El hecho es que la apropiación por parte del sistema capitalista de la figura del gay como hombre, blanco y de clase media o alta, crea la necesidad de subvertir el lenguaje y usar la forma peyorativa “marica” para definirse como sujeto que lucha. El lesbianismo y la transexualidad, aunque en menor medida por ser identidades o bien femeninas o bien indefinidas según la ideología dominante, también adoptarían esta estrategia de subversión conceptual. Eugeni considera que la militancia en el movimiento gay es, del mismo modo que la feminista, transversal, y que, por lo tanto, no es ajena a las luchas de clase ni a la lucha para la liberación nacional. Por esto reivindicó, treinta años después de su fundación, el símbolo del FAGC como organización gay, catalana y de clase obrera.

A continuación intervino Marina Collell, activista transfeminista de Barcelona, que explicó de manera amplia y con una gran claridad expositiva, las luchas actuales en las que interviene el feminismo lésbico. Marina manifestó las dificultades de la identidad “bollera” para encajar, incluso, en los propios movimientos emancipadores. Ciertas actitudes heterosexistas dentro del movimiento feminista, o misóginas dentro del movimiento gay, son las culpables de este hecho. Para Marina, el principal problema que sufren las lesbianas en Cataluña y en el mundo es la violencia sexual en el espacio público. Las lesbianas son doblemente objeto de la violencia sexual, por ser mujeres y por ser lesbianas, y esta violencia se puede manifestar desde en agresiones de hombres afectados por la fantasía sexual “heterogarrula”, que objetiva a las lesbianas como compañeras sexuales en un trío, hasta en el bulling que sufren las lesbianas adolescentes. Es precisamente desde el mundo de la educación que es necesario intervenir para cambiar esta situación de opresión, educando en sexualidad no heteronormativa a profesores y estudiantes. En algunos países, además de la violencia física que también se da en nuestro entorno, se llega a la violación sistemática o al asesinato de las lesbianas que exteriorizan su sexualidad, y por eso una demanda política del movimiento es la concesión de asilo por estos motivos a las personas que no pueden vivir en sus países.

Finalmente, Miquel Missé, activista trans de Barcelona, nos habló de las principales problemáticas a las que se enfrenta el colectivo transexual, transgénero e intersexual. Los últimos avances legislativos en la materia son, como en el caso del matrimonio gay, insuficientes, pues parten aún de la división del mundo en dos únicos sexos y en la patologización de la transexualidad. Así, la intervención de la supuesta enfermedad llamada “transtorno de género” para incluir los tratamientos de cambio de sexo en la Seguridad Social, está provocando serios problemas a las personas afectadas. El objetivo del colectivo sería la desaparición de la identidad de género en los documentos oficiales y el trato no patológico y a través de la Seguridad Social de las operaciones relativas a los cambios en el propio cuerpo.

Tras las tres ponencias, se presentaron las propuestas programáticas de Izquierda Anticapitalista en relación a la defensa por la libre orientación y condición sexual y se abrió un turno de preguntas e intervenciones. En éste, los asistentes agradecieron la magnifica explicación de los ponentes y se debatió la necesidad de unir las luchas contra el capitalismo y el heteropatriarcado, pues ambos ejes forman parte del mismo sistema de dominación. Para conseguir esto, es necesario, a parte de fortalecer el movimiento LGT, trabajar en estos temas dentro de los colectivos mixtos y, por qué no, impulsar una heterosexualidad también subversiva.

> Iritzia: Josebe Egia > QUEREMOS SUS NOMBRES

  • Queremos sus nombres
  • Gara, 2009-06-01 # Josebe Egia
Los de la jerarquía los conocemos -Ratzinger, Rouco, Cañizares, Álvarez...- nos faltan los de los cientos de curas y monjas a quienes la jerarquía católica, conociendo de sobra que son agresores sexuales, han encubierto, defendido, protegido... y, lo que es más grave, lo sigue haciendo.

Después de los casos de pedofilia conocidos dentro de la Iglesia católica en EEUU y Australia, ahora Irlanda. El informe, elaborado por la Comisión Investigadora de los Abusos de Niños, documenta un vergonzoso catálogo de crueldad; de abandono, de abuso físico, sexual y emocional perpetrado contra los 35.000 niños y niñas que entre los años 50 y 80 acogieron en sus instituciones. Éste concluye que la cúpula de la Iglesia católica irlandesa conocía el abuso al que las y los menores eran sometidos, así como que funcionarios eclesiásticos protegieron de forma sistemática a los pedófilos para que no fueran detenidos.

El cardenal Cañizares ha pedido perdón por los abusos cometidos en colegios y orfanatos de la Iglesia católica de Irlanda, pero ésta se ha preocupado de que no salgan los nombres de los curas y monjas que los cometieron. No basta que pidan perdón, es necesario que se publique una lista de los culpables de esta ignominia y después juzgarlos, eso sería restablecer en parte la dignidad de las víctimas, aunque no sirva del todo para paliar las consecuencias de lo que han sufrido.

Pero la jerarquía católica no va por ahí. El propio Cañizares -¿una forma de justificación?- ha declarado que el aborto es peor que estos abusos sexuales y que «no es comparable lo que haya podido pasar en algunos colegios con los millones de vidas destruidas por el aborto». Tacharle de inmoral es poco. El aborto es el derecho a decidir, pero ¿tenían algún derecho de elección las y los menores agredidos sexualmente hasta la violación en los colegios católicos?

Álvarez, obispo de Tenerife, ha terminado de bordar la justificación al afirmar que «algunos menores incitan al abuso sexual». Lo grave es que los culpables nunca acaban en la cárcel, ni tampoco se les aplica la orden de expulsión del clero prevista por el Código Canónico para los abusadores. Una vara de medir muy diferente de la que suele usar la jerarquía católica cuando excomulga a las madres y médicos de niñas obligadas a abortar. Ése es el mensaje de Cañizares: el derecho a la vida de fetos y embriones es más importante que las vidas arrasadas de las y los niños violados en nuestros colegios.

Y, por si no eran suficientes estas barbaridades, la revista del cardenal arzobispo Rouco, ha añadido que «cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal... ¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos?». Habría que empalarlos para que prueben su medicina, pero como esto no es posible, al menos, tengamos cuidado al rellenar las casillas de la declaración del IRPF.