- Empleada de hogar e inmigrante, doble discriminación
- Gobierno, sindicatos y trabajadoras debaten la reforma del sector en España
- El País, 2009-11-17 # Yuma Gómez-Cornejo - Madrid
Lola tiene 37 años y llegó a España en 2004 desde su Bolivia natal. Vive en una pequeña ciudad de provincias, donde limpia una casa por las mañanas y por las noches cuida de una anciana. No es una historia desconocida: miles de inmigrantes, la mayoría mujeres, cuidan en España de personas dependientes, la mayoría niños y ancianos, con duras condiciones laborales y una situación de especial vulnerabilidad ante la legislación de extranjería.
La parte menos conocida de la historia ocurre al otro lado del Atlántico, donde quedaron los hijos de Lola a cargo de parientes, ya que su marido la siguió a España. Lograron traer al mayor, de 13 años, pero el pequeño, de cinco, sigue en Bolivia al cuidado de su cuñada. Sin embargo, por las noches Lola debe dejar solo en casa al hijo que tiene con ella, porque su esposo vive en Madrid.
En la misma situación de esta boliviana se encuentran miles de mujeres inmigrantes, que dejaron en su país hijos o padres ancianos de los que se han tenido que hacer cargo otras personas, también mujeres en su mayoría. Todas ellas forman parte de las cadenas globales de cuidados, un fenómeno que el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw, en sus siglas en inglés) investiga desde hace año y medio. El estudio se realiza de forma coordinada en España, Bolivia, Chile y Ecuador, e incluye la emigración interregional.
"Estábamos investigando los vínculos entre migración y desarrollo desde una perspectiva de género, muy enfocados en el tema de remesas, y decidimos ampliar un poco la mirada e investigar a las mujeres en el sector de cuidados", afirma Mar García, coordinadora del proyecto.
El trabajo de esta institución no sólo se centra en la investigación, sino que también desarrolla la acción política, tanto en España como en los países de origen de la migración. En este contexto, asociaciones de empleadas de hogar, Gobierno y sindicatos se reúnen hoy en Madrid para debatir la posible reforma del Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH), en el marco de unas jornadas organizadas por el Instraw, con la colaboración del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
En el encuentro se debatirá un pliego de propuestas elaboradas por asociaciones de empleadas de hogar, de inmigrantes y feministas, que se reunieron los pasados 26 de septiembre y 23 y 24 de octubre en otras jornadas organizadas por el Instraw para analizar la situación del sector de los cuidados desde una perspectiva multinacional.
Al menos 754.000 hogares contratan empleo doméstico en España, no sólo para limpieza, sino también para el cuidado de personas dependientes, según refleja la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2008. Es más del doble de los 357.000 hogares que lo hacían a finales de 1997, gracias a las entrada en el sector de miles de trabajadores inmigrantes. Se trata de un sector mayoritariamente femenino: el 92% de los 330.000 extranjeros no comunitarios dados de alta en el REEH son mujeres y el 60% de éstas proviene de América Latina. Por otra parte, en torno a un 60% de las empleadas domésticas trabaja en la economía sumergida.
Es un fenómeno global: en Italia, casi un millón de familias contratan empleo de hogar, más de la mitad con extranjeras extracomunitarias, y recientemente se abrió un proceso de regularización para las empleadas domésticas; en Francia, más del 50% de las inmigrantes trabajan en empleo de hogar, según datos de la OIT publicados en 2004.
En España, el REEH favorece la informalidad, ya que no obliga al empleador a dar el alta en la Seguridad Social por debajo de las 20 horas semanales. Las afiliadas a este régimen carecen de prestaciones por desempleo y perciben menores indemnizaciones por despido, entre otros aspectos. Además, en un sector mayoritariamente femenino, no se protege la maternidad: a pesar de lo que exige la ley, en caso de embarazo no hay nulidad del despido, debido al conflicto con el derecho a la inviolabilidad del domicilio (el despido nulo obliga a la readmisión).
Estas duras condiciones, combinadas con la legislación de extranjería, dejan a las trabajadoras inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad, ya que, entre otras cosas, la legalidad de los contratos orales en este régimen dificulta la renovación del permiso de residencia.
Entre las propuestas para el encuentro de hoy no sólo está la reforma de este régimen, sino también la regularización de las trabajadoras sin papeles, pero, puntualiza el Instraw, no como medidas aisladas, sino en el marco de una serie de reformas, que deben ser precedidas por un debate social sobre los cuidados.
- Amaia Orozco . Investigadora del UN-Instraw
- "En España hay una vulneración múltiple de derechos"
"Una serie de hogares o de personas unidos porque se produce una transferencia de cuidados" forman las cadenas cadenas globales de cuidado, según la doctora en Economía Amaia Orozco, del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw), que estudia este fenómno desde hace año y medio.
Orozco, investigadora principal del proyecto Construyendo Redes: las Mujeres Latinoamericanas en las Cadenas Globales de Cuidado, explica que el eslabón principal son las empleadas de hogar migrantes. "Son las mujeres las que asumen la necesidad de cuidar y las que necesitan transferir esta responsabilidad cuando se marchan de un sitio a otro", mientras que los hombres, aunque trabajen, por ejemplo, cuidando ancianos en otro país, no forman parte de estas cadenas, porque en su país de origen no asumían esta responsabilidad.
"Nuestra intención no era tanto saber qué les está pasando a las mujeres, sino sacar a la luz una realidad que está muy vinculada con la desigualdad de género y que suele ser muy invisible, que es el tema de los cuidados", explica Orozco.
La investigadora rechaza el "discurso alarmista" en los países de origen "sobre la desestructuración familiar y las consecuencias calamitosas que tiene" la migración de las madres. "La migración, más que crear nuevos problemas, está visibilizando o agudizando problemas que ya estaban. Lo que hace es sacar a la luz problemas latentes en la sociedad. Es decir, si el hecho de que una madre se marche implica una desestructuración familiar, es porque no hay otras redes capaces de soportar la ausencia de esa mujer: no hay responsabilidad de los hombres, no hay servicios públicos adecuados".
El proyecto apuesta por "aprovechar ese contexto que la migración provoca" para llevar al debate social la cuestión de "cómo organizamos los cuidados de una sociedad: quién tiene que cuidar, a quién, a cambio de qué, en qué espacio, el papel que tiene que tener el Estado, los hombres, los hogares...".
Orozco denuncia que en España "hay una vulneración múltiple de derechos relativos a cuidados a la población migrante: el derecho a recibir cuidados adecuados por parte de los menores migrantes que están aquí, a conciliar la vida laboral y familiar, y derechos laborales en el sector de cuidados". Por su parte, las empleadas de hogar migrantes se encuentran en "una situación muy desprotegida y muy vulnerable" por el cruce entre el régimen laboral de los empleados de hogar y la legislación en materia de extranjería. Por eso, el Instraw apoya el paso de estas trabajadoras al Régimen General de la Seguridad Social, pero no de forma aislada, sino en el marco de otra serie de medidas "que revaloricen y dignifiquen el empleo de hogar".
La Ley de Dependencia tiene también un papel en esta cuestión, ya que "si se trata de cuidados a una persona en situación de dependencia, quizá, lo que tendría que existir es un fondo de compensación, que lo ponga el Estado y que pague las cotizaciones a la seguridad social de esa empleada de hogar".
"No es lo mismo cuidados imprescindibles de ancianos que cuidados de menores: a lo mejor lo que hay que hacer es fomentar las escuelas infantiles y reducir la necesidad de contratar empleo de hogar. Y no es lo mismo que una pareja joven que se lo puede permitir contrate a una persona para que tenga muy limpia su casa. Hay muchos casos que requieren una variedad de respuestas que afectan a todo un conjunto de políticas", afirma Orozco.
Todo esto debe ser objeto de un debate colectivo, afirma la investigadora, en el que "tengan voz las protagonistas del asunto. Porque otro problema de las empleadas de hogar es que no tienen representación, porque, como no están introducidas en los sindicatos habituales, es muy fácil dejarlas fuera. Y que se tenga especialmente en cuenta la situación de las empleadas de hogar migrantes, porque tampoco es la misma que la de las autóctonas".