- Conflicto de convivencia en Errenteria: Discrepancias sobre «culpables» y soluciones
- Ambas partes coinciden en el diagnóstico: la situación que se vive en el barrio errenteriarra de Iztieta no es buena. Sin embargo, discrepan a la hora de señalar a los «culpables» y fijar las soluciones. El incremento de la presencia policial es aplaudida por la asociación de vecinos, mientras que el colectivo magrebí, «atacado a raíz de una agresión sexista», propone soluciones dialogadas en pro de la convivencia.
- Gara, 2009-07-11 # Maider Eizmendi
La asociación de vecinos Gurekin insiste en que las movilizaciones que han realizado tenían como fin la denuncia de la inseguridad que sufren en el barrio, pero las paradas ante los establecimientos regentados por inmigrantes magrebíes y los gritos alusivos dirigidos hacia ellos -tales como «¡Fuera moros!»- han puesto de relieve el carácter xenófobo de algunas protestas.
La chispa que ha encendido la mecha ha sido el intento de violación de una joven. Los hechos se produjeron la madrugada del 2 de julio en las inmediaciones del matadero. Según informó el Departamento de Interior de Lakua, a esa hora se recibieron varias llamadas en las que se alertaba de una agresión a una joven. Vecinos de la zona pudieron oír los gritos de auxilio de la víctima y ver cómo dos hombres se encontraban tumbados sobre la mujer, a la que tenían inmovilizada en el suelo. Los agentes de la Ertzaintza consiguieron detener a uno de los supuestos autores de la agresión, un menor inmigrante que la jueza ha internado en el centro de Zumarraga.
«Nosotros no somos los culpables»
Desde la asociación Almaghribia-Tierra del Magreb comentan que estos altercados «repercuten en la imagen» de todo el colectivo de inmigrantes magrebíes y subrayan que «no es de recibo que paguen justos por pecadores». «Nosotros no somos los culpables de lo que está ocurriendo en el barrio, hay una parte que tiene una actitud negativa, pero hay personas que estamos integradas», explica Rachid El Fadidi, presidente de la asociación.
Con el objeto de no crispar más el ambiente, ese colectivo optó por no participar en la manifestación del pasado jueves organizada por Gurekin y convocar otra movilización ayer. La primera tenía como lema «Por un barrio seguro sin delincuencia»; en la pancarta de la segunda se leía «Contra el racismo y la delincuencia. Protección a los negocios magrebíes e inmigrantes».
Ayer, los participantes reclamaron una convivencia pacífica y rechazaron las intimidaciones que han sufrido desde la citada agresión sexual, cuya víctima secundó ayer la movilización, mostró su rechazo a todo tipo de xenofobia y exculpó al colectivo magrebí del barrio Iztieta. «No se puede criminalizar a quien no tiene culpa», señaló la joven.
Gurekin también trató de apaciguar los ánimos y evitar los ataques explícitos contra los negocios regentados por magrebíes al incidir en que «no es un problema de racismo, sino la lucha de todos los vecinos contra la situación creada y para acabar con la delincuencia y la inseguridad en nuestro barrio». Miguel Harina, miembro de Gurekin, aseguraba en la movilización del jueves -en la que participaron alrededor de 500 personas- que las concentraciones ante los negocios de los magrebíes fueron una «repuesta espontánea» y puntualizaba que «cada uno protesta como considera oportuno; nosotros eso no lo podemos controlar, la gente está muy preocupada y es una reacción normal».
Harina recordó que llevaban mucho tiempo reclamando soluciones para el barrio sin recibir respuesta alguna desde las instituciones: «Al final, ha tenido que suceder una cosa así para que nos oigan». En cuanto a las medidas a tomar, marcaba distancias: «Nosotros hemos denunciado la situación, pero nosotros no somos políticos y son ellos los que deben plantear las soluciones». Al término de la manifestación, en la que dotaciones de la Ertzaintza custodiaron los negocios de los inmigrantes, se aplaudieron los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento, de los que se dio cuenta en ese momento, y exigieron que se pongan en marcha cuanto antes.
Medidas especiales
El incremento de la presencia policial y la creación de un servicio de mediación que impulsará una mesa de trabajo es la respuesta dada por el Consistorio. Una medida que, en opinión de Pedro Albite, no hace más que empeorar la situación: «Las autoridades locales refuerzan la lógica del Estado por la que se supone que `el otro' no es igual en derechos y, por lo tanto, se le aplican medidas especiales».
Precisamente, quince agrupaciones de la localidad han mostrado su preocupación ante estos hechos mediante un comunicado conjunto en el que indican que estos problemas «repercuten por igual a todos los vecinos». En la nota -suscrita por colectivos de mujeres, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y colectivos culturales- se aboga por que se colabore conjuntamente y por ofrecer soluciones efectivas. «Son necesarias políticas sociales y legislativas correctas», proponen.
Albite, investigador y profesor de la UPV-EHU, considera que «en el caso de Errenteria se unen varias cuestiones que son generalizables a muchos puntos de Euskal Herria» y que, si no se toman medidas inmediatas, «lo más probable es que se reproduzcan en otros pueblos y barrios que tienen las mismas condiciones y características estructurales».
El problema es complejo y requiere de un análisis en profundidad. En su opinión, en el fondo subyace «el deterioro que han ido sufriendo muchas zonas ligadas a la anterior fase industrial» que no han recibido «ninguna inversión económica y social a largo plazo». Situación que se ha visto agravada con la actual crisis económica, en la que «las medidas de retención son nulas tanto sobre las infraestructuras como sobre las condiciones de vida». A esto se le suma que el colectivo de inmigrantes extracomunitario «está sometido a un proceso de vulnerabilidad y de precariedad muy alto debido a las leyes de extranjería» y que, además, «ocupan los puestos de trabajo más precarios». «Lo grave es -prosigue- que el nuevo grupo de inmigrantes ha sido señalizado y vulnerabilizado previamente por los estados al no concederle sus derecho; es el más débil de la cadena y sobre él se proyectan siempre todos los miedos y fustraciones que aumentan en estos momentos de crisis».
Más concretamente, expone que cuando esto ocurre en una población que a su vez ha experimentado un movimiento migratorio previo, «acontecen una serie de procesos no sólo sociales, económicos y políticos, sino que también repercuten en el imaginario: a los que hemos venido antes, el otro que ha llegado ahora nos refleja la situación en la que llegamos; los nuevos inmigrantes son como espejos para la vieja inmigración y eso genera una nueva sensación de inseguridad que se proyecta a través del rechazo xenofóbico».
Cuestionado sobre las medidas que se pueden implementar para salir de ese bucle, en primer lugar apunta a la necesidad de invertir en estos barrios y mejorar sus infraestructuras, así como incidir en la políticas de empleo. Y también considera clave que se incida en el ámbito político: «Mientras que en Euskal Herria no se tengan condiciones e instrumentos para poder definir quién tiene ciudadanía y quién no, el Estado seguirá construyendo categorías de individuos más débiles y más fuertes, ante lo cual aquí lo único que hacemos es gestionar las malas condiciones en las que quedan esas personas».
De momento y a la espera de ver los frutos que da la mesa de trabajo que ha prometido establecer el Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por el PSE, lo que se ha puesto de manifiesto es que, en las circunstancias actuales, es difícil mantener la convivencia entre personas que no tienen reconocidos los mismos derechos.
Medios
El problema de convivencia surgido en el barrio de Errenteria ha tenido un gran eco mediático esta semana. Más de una veintena de periodistas cubrieron, por ejemplo, la manifestación celebrada el jueves por la calles de la localidad.
Problemas en la gestión de los menores inmigrantes
El hecho de que uno de los presunto autores de la agresión sexual sea un menor inmigrante ha sacado nuevamente a relucir un problema más general asociado a este colectivo. Durante la concentración celebrada ayer tarde, convocada por la asociación Almaghribia, denunciaron que hay menores tutelados en «situaciones críticas» que incluso se ven obligados a dormir en la calle.
De hecho, el joven arrestado la semana pasada había estado tutelado por la Diputación guipuzcoana, pero ésta cesó la tutela, siempre según fuentes de la propia institución foral, porque había anunciado que abandonaba el territorio.
Rachid El Fadili, presidente de la asociación reveló que esta agrupación ha presentado un proyecto a la Diputación de Gipuzkoa con el fin de educar a estos menores, y otro al Gobierno de Lakua para formar a jóvenes de 18 a 23 años.
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