- El Instituto Español de Lisboa suspende un debate sobre los matrimonios gays
- A petición de padres de los niños, ha adoptado la decisión de suprimir esa actividad, prevista para alumnos de 11 años en clase de Plástica.
- HazteOir, 2009-03-26
No es esta la primera vez que en HO facilitamos noticias referentes al Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa. En reiteradas oportunidades hemos reflejado las denuncias y quejas que sobre la actitud de su Dirección han manifestado los padres que han objetado para que sus hijos escolarizados en ese centro queden eximidos de recibir obligatoriamente clases de Educación para la Ciudadanía (EpC).
En esta ocasión, damos cuenta de una decisión adoptada por el mismo equipo directivo, de forma consecuente con la doctrina jurídica reflejada en las sentencias del Tribunal Supremo sobre EpC, según la cual los centros educativos y los profesores tienen la obligación de evitar el adoctrinamiento en las actividades académicas, tanto de ese grupo de materias como de cualquier otra asignatura.
Según ha narrado a esta redacción Javier Calderón, representante de los padres en el Consejo Escolar del centro y portavoz de la Plataforma para la Libertad de Educación en Portugal, recientemente se había programado como actividad del área de Educación Plástica la realización de un debate en uno de los grupos de 6.º de Primaria. Estaba previsto llevarlo a cabo durante esta semana y el tema escogido por los alumnos, de entre varias opciones que el profesor les había ofrecido, era el del matrimonio entre homosexuales.
Algunos de los padres de los alumnos afectados tuvieron conocimiento de ello cuando sus hijos les solicitaron que les ayudaran a plantear argumentos a favor y en contra, que después serían expuestos en la actividad.
Varios de los progenitores, que consideraron que el tema no es idóneo para ser discutido y valorado por niños de 11 años, decidieron solicitar formalmente y por medio de sendas cartas la retirada de la actividad a la Dirección del Instituto y al profesor en cuya clase iba a realizarse. En sus misivas, reclamaban el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Supremo, que, en sus recientes sentencias del 11 de febrero, determinó que el hecho de que la impartición de una materia sea legítima "no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".
Estos padres estiman que, aunque un debate puede parecer una actividad inocua, en la que son los propios alumnos los que interactúan y discuten, los niños pueden salir fuertemente influenciados por ideas de terceros, que ellos no son capaces de manejar con suficiente madurez ni discernimiento. Así mismo, consideran que sus hijos se verán inevitablemente influidos por las ideas del propio profesor -quiéralo este o no-, pues es inevitable su intervención como necesario moderador, para orientar el debate, plantear preguntas en los puntos esenciales y conflictivos, gestionar los tiempos de participación y dirigir el proceso de elaboración de conclusiones.
Destacan los mencionados padres que un debate bien manejado es sin duda una actividad de gran valor pedagógico, pero cualquier profesor puede encontrar temas motivadores al nivel del desarrollo de su conciencia intelectual y moral que no supongan ningún riesgo (aun relativamente indirecto) para la formación de sus valores y puntos de vista.
Por otra parte, consideran que, aunque es posible que la mayoría de los profesores tengan capacidad para plantear temas como este desde un punto de vista relativamente neutral, los padres no tienen por qué delegar en los centros docentes sus derechos respecto de la educación de sus hijos, especialmente en materias de esta índole y a edades tan tempranas.
Por ello, la decisión del Instituto Español de retirar el debate les parece acertada y dicen estar esperanzados con la nueva actitud de los responsables del centro. "Han mostrado una receptividad a la que nos tenían desacostumbrados y, a pesar de anteriores evidencias en contrario, parecen comenzar a entender que las sentencias del Tribunal Supremo exige un cambio en su anterior forma de hacer las cosas", expone Javier Calderón.
"Esperamos no se trate de un hecho aislado sino de un giro permanente para ajustarse a las sentencias en su proceder. Cuenta para ello con la total colaboración de la Plataforma para la Libertad de Educación en Portugal", manifiesta finalmente el portavoz.
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