- Violencia rosa
- Cambio [Colombia], 2009-03-26
Hasta allí llegó 'El Oso', les dio trago a sus hombres y les dijo a los recién reclutados a la fuerza que boxeaban entre ellos o morían. Los muchachos pelearon durante varias horas en medio de las burlas de los paramilitares. Luego regresaron al pueblo golpeados y adoloridos. Unos no volvieron a salir de sus casas, otros huyeron. Nadie los volvió a ver. Hoy, seis años después, 'el Oso' no ha reconocido los hechos ante los fiscales de Justicia y Paz.
José Velandia, 'Steven', quien estuvo bajo el mando de Salvatore Mancuso, en El Catatumbo, confesó que una de las razones para matar era que la víctima fuera "ladrón, prostituta o gay", y reconoció que en 2001, antes de matar a un homosexual, lo torturó metiéndole un palo por el ano, tortura a la que sometían a los homosexuales.
A finales de 2002, en Medellín, varios paramilitares desvistieron a una joven de 14 años y le colgaron un cartel: "Soy lesbiana". Luego la violaron tres de ellos. La encontraron muerta tres días después. Le habían amputado los senos. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tienen registrados más de 300 casos en los que las víctimas son homosexuales. Por ejemplo, La ONG Diversidad Humana denunció que desde 2002 han sido asesinadas en Barrancabermeja más de 50 lesbianas por paramilitares, y que gays infectados con VIH ha recibido panfletos en sus casas en los que dice: "Barrancabermeja se está llenando de meros maricas, sidosos y sodomitas y hay que detenerlo". También han fijado afiches que dicen: "Fuera lesbianas, areperas".
En el puerto petrolero, las amenazas y los asesinatos por razones de orientación sexual son comunes y no han disminuido tras la desmovilización de los paramilitares. En febrero de 2008, las Águilas Negras entraron al barrio Ciudadela Pipatón y, lista en mano, buscaron a 20 homosexuales. Cinco de ellos fueron conminados a abandonar la ciudad. "No los queremos ver en 24 horas en el municipio, son declarados objetivo militar", les dijeron. En Pereira y Bucaramanga, hay denuncias contra ex paramilitares que en taxis o carros particulares recorren las zonas donde los travestis ejercen la prostitución y los atacan. Los agresores dicen que "es por el bien de todos, no quieren indeseables".
Control social
Diversas fuentes, entre ellas la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. y Amnistía Internacional, han documentado cómo los actores del conflicto imponen en su zonas de influencia normas sociales y de "convivencia", y regulaciones para controlar aun la vida íntima de las personas. Se trata de normas impuestas por amenazas, hostigamientos y castigos por incumplimiento.
Colombia Diversa -ONG que defiende los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-, asegura que los ataques de los actores armados contra estos grupos de población son frecuentes y van desde amenazas, escarnio y humillación públicos, hasta asesinato, tortura, desplazamiento, exilio y desaparición.
Con la ley de Justicia y Paz empiezan a hacerse visibles los crímenes por razones de orientación sexual y aunque entre los denunciados el mayor número es atribuido a paramilitares porque varios de ellos han reconocido ese tipo de delitos en versión libre, las Farc también aparecen como responsables de muchos de esos crímenes de lesa humanidad.
Uno de los casos ocurrió en 2000, en Mesetas, Meta, uno de los cinco municipios de la entonces zona de despeje. El frente 27 amenazó a una pareja de lesbianas. "La guerrilla les dijo que debían irse del municipio y no lo hicieron -relató un testigo a Amnistía Internacional-. Al mes fueron desaparecidas. La gente dice que las mataron. Ellas mantenían su relación públicamente, vivían juntas. Se habían ganado cierta tolerancia en el pueblo".
Para Amnistía Internacional este no fue un caso aislado. Entre 1998 y 2002, las Farc obligaron a la población civil de la zona de despeje a hacerse pruebas de sida para establecer quiénes eran homosexuales y expulsarlos. En Vistahermosa hubo una campaña masiva para detectar seropositivos las personas fueron obligadas a hacerse las pruebas bajo amenaza. "Peluqueros y homosexuales fueron forzados a salir de sus viviendas y establecimientos", dice el informe.
Todos los casos denunciados en las regionales de la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía y en distintas organizaciones de defensores de la población LGBT en el país, esperan ser tramitados dentro del proceso de Justicia y Paz y son solo la punta del iceberg. La mayoría de víctimas no se atreve a denunciar por temor a represalias, a la estigmatización social y a que sus familias los rechacen. Por eso, hay un subregistro y es imposible, por ahora, establecer cuántos homosexuales murieron o fueron atacados por los ilegales.
Mientras tanto, continúan los crímenes, la mayoría atribuidos a las llamadas bandas emergentes. "Quieren castigar, desconocer, anular, invisibilizar u ocultar la presencia de los homosexuales en la sociedad -dice Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa-. El control social de estos grupos armados en algunas zonas continúa, siguen señalando a los que según ellos son 'indeseables'. Los asesinan, los obligan a desplazarse".
En las fuerzas armadas
Representantes de grupos LGBT han recomendado al Ministerio de Defensa adelantar campañas de sensibilización y formación entre los uniformados sobre cómo garantizar los derechos de los homosexuales en sus filas. La razón es que han recibido denuncias por prácticas discriminatorias en las instituciones armadas. También pidieron a la Policía establecer medidas para frenar el abuso policial, en especial contra los travestis. Según Colombia Diversa, de 31 casos de abuso policial denunciados el año pasado solo 17 tienen investigación abierta.
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