> Berria: Politika > EL CONGRESO SE PLANTEA ELEVAR LA EDAD MINIMA PARA EL SEXO CONSENTIDO

• El Congreso se plantea elevar la edad mínima para el sexo consentido
• La propuesta pide que el visionado de pornografía infantil sea tipificado como delito
• La Tribuna de Ciudad Real, 2009-02-16 # EFE • Madrid

El Pleno del Congreso debatirá mañana una proposición no de ley, trasladada por la formación política del PNV, para instar al Gobierno a presentar en el plazo «más breve posible» un proyecto de reforma del Código Penal, que tipifique como delito el «simple visionado» de pornografía infantil sin almacenarla ni distribuirla. La propuesta también incluye elevar la edad de consentimiento sexual, que actualmente se sitúa en España en los 13 años.

A través de esta iniciativa, que será defendida por el diputado Emilio Olabarría, el partido vasco propone un incremento «sustancial» de las penas para los delitos sexuales cometidos con menores de edad, y el aumento de las condenas de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio.

Además, exige que en el Código Penal se incluya como infracción, de manera expresa, «la conducta del que acude a la prostitución infantil como cliente», y tipificar también que un adulto proponga a un niño, a través de internet, mantener relaciones sexuales o llevar a cabo actos de producción de pornografía, «siempre que esta propuesta haya sido seguida por actos materiales conducentes a tal reunión».

El PNV propone que se consideren como circunstancias agravantes «que el delito haya dañado seriamente la salud física o mental de la víctima, que haya sido acompañado de actos de tortura o violencia, que se haya realizado a un damnificado especialmente vulnerable y que haya sido cometido por varias personas».

Asimismo, el grupo dirigido por el nacionalista vasco Josu Erkoreka llama la atención sobre la necesidad de que el ordenamiento jurídico español se adecúe a instrumentos internacionales en materia de indemnidad sexual, como el Convenio del Consejo de Europa sobre Protección a la Infancia, contra la Explotación y Abuso Sexual, firmado por 27 estados entre los que no se encuentra España. El PNV recuerda que el Ejecutivo «tiene la obligación de dar solución a los problemas que suscitan inquietud entre los ciudadanos», como la pederastia, dada la mayor vulnerabilidad de los menores de edad para ser víctimas de comportamientos delictivos.

El Ejecutivo español, en su esfuerzo por preservar la protección de los menores y el cumplimiento de las condenas, pone hoy en funcionamiento el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, a cuya activación se comprometió el Gobierno, a raíz del caso de la niña Mari Luz Cortés, cuyo presunto asesino estaba en libertad, pese a tener una condena por abusos a su hija.

El nuevo registro, cuya puesta en marcha aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 6, será presentado hoy por el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en Sevilla, la ciudad en la que ejerce el juez Rafael Tirado, a quien el Consejo General del Poder Judicial multó con 1.500 euros por no ejecutar esa sentencia condenatoria. La base de datos que ahora entra en funcionamiento, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención, puesta a disposición judicial y sobre la peligrosidad del imputado.

Su implantación contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, especialmente sobre jóvenes, ya que una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.

Esta inspección se integra en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, junto a las bases de datos de los registros de Penados, Víctimas de la Violencia Doméstica, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.

Al de Medidas Cautelares tendrán acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que dispondrán de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal.

Los jueces, en especial, podrán valorar la existencia de riesgo de fuga en las resoluciones en las que decidan sobre la prisión o libertad provisional del imputado.