2009/04/03

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  • Dionisio Llamazares, ex director general de asuntos religiosos: "El Papa comete un delito contra la salud pública al cuestionar la eficacia de los preservativos contra el sida"
  • Catedrático de Derecho Eclesiástico durante 15 años en la Universidad Complutense, este leonés de 72 años que se declara agnóstico aboga por que el Estado revise los acuerdos con la Iglesia y avance hacia la laicidad eliminando del ordenamiento toda reminiscencia de confesionalidad
  • Noticias de Gipuzkoa, 2009-04-03 # M. González • Pamplona
Dionisio Llamazares considera ilegal el sistema de financiación de la Iglesia y critica que los obispos utilicen la enseñanza pública con fines proselitistas. Aunque se opone a que las profesoras musulmanas puedan llevar velo, defiende el derecho de las alumnas a hacerlo.

¿Considera que Francia debe ser un modelo para el Estado español en su camino hacia la laicidad?
Francia es probablemente el país en que se da una valoración más vivida y sentida, por parte incluso del pueblo, de la laicidad como principio estructural del Estado. Políticos de derecha, como Chirac, o de izquierdas, como Mitterrand, hablan de laicidad. Para todos ellos es una especie de patrimonio común. En este sentido, Francia puede ser una de la realizaciones más completas de laicidad, al menos en Europa.

¿Por qué la Iglesia insiste en matizar que España no es un Estado laico sino aconfesional?
Según el Tribunal Constitucional son lo mismo, pero no según el diccionario de la Real Academia. No confesional o aconfesional lo único que quiere decir es que el Estado no está sometido a una confesión religiosa, sólo hace alusión a la separación entre Iglesia y Estado, algo que, aunque renqueando, ha aceptado la Iglesia. En cambio, la laicidad exige esa separación y, además, otra cosa muy importante: la neutralidad, es decir, que el Estado reconozca que todos los colectivos son iguales en cuestión de derechos. Así, para el Estado la Iglesia es una asociación de carácter privado que debe ser tratada como el resto, sin distingos. No es inocente decir que el Estado no es laico.

¿Viola esa neutralidad el modelo español de enseñanza?
El régimen al que se somete la enseñanza religiosa en los colegios públicos, que deben ser por imperativo legal neutrales desde el punto de vista ideológico y religioso, viola la laicidad. Es una contradicciónin terminis considerar la enseñanza de la religión católica como si fuera una asignatura más, que se evalúa académicamente y forma parte del currículum. No se opondría a la laicidad, sin embargo, una enseñanza de la religión a cargo de las propias confesiones, en los locales de la escuela y fuera del horario escolar.

¿Por qué se puede impartir filosofía y no religión?
Yo me refiero al modelo que tenemos en España. Por supuesto que el estudio de la filosofía e historia de las religiones es conveniente de cara a que el alumno esté en las mejores condiciones para optar, cuando tenga madurez, por una religión o por ninguna. No tiene sentido que si en un aula hay católicos, protestantes, musulmanes o agnósticos no se hable de ello. Se trata de que no se vean como bichos raros unos a otros y que sepan que todas las religiones son respetables. Nadie puede temer que se enseñe religión, pero no doctrinalmente, ni haciendo proselitismo o catequesis. La clase de religión se está utilizando para formar fieles, no ciudadanos; por eso la Iglesia no quiere perder la capacidad de designar a los profesores.

¿Está profundizando el Gobierno en la laicidad?
Hay que reconocer que el Gobierno socialista está ganando una partida, la de desembarazarse de las presiones de la moral católica, de tal manera que legisla con arreglo a lo que llamaríamos moral pública, el mínimo común ético de la sociedad española. Aborto, divorcio, células madre... estas leyes chocan violentamente con la doctrina católica y de ahí las manifestaciones de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, hay otro terreno en el que se ha retrocedido: los acuerdos con la Iglesia.

Usted siempre ha considerado inconstitucionales estos acuerdos.
Desde el punto de vista de su contenido son preconstitucionales. En concreto, el capítulo sobre asuntos económicos es ilegal. El nuevo acuerdo que el Gobierno firmó con la Iglesia en 2006 suponía admitir que la asignación tributaria había sido mentira, pues la financiación era independiente del número de cruces marcadas en las declaraciones de la renta. Hasta el ejercicio de 2007, la Iglesia obtuvo del Estado dinero en el mismo concepto en que lo recibía con Franco. Es verdad que con el acuerdo de 2006 se intenta corregir esto, aunque, claro, la Iglesia nunca cede así por las buenas y aceptó las modificaciones a cambio de elevar el porcentaje de asignación del 0,5% a 0,7%. El año en que explota la crisis, la Iglesia tiene más ingresos que el año anterior, 48 millones de euros más.

¿A qué atribuye esa resistencia del Gobierno a revisar los acuerdos?
La tentación es pensar que se trata de la política de la zanahoria y el palo: te doy de comer y tú protesta, pero debes aguantar que saque adelante el aborto, las células madre...

¿Hay que eliminar los símbolos religiosos?
Los símbolos religiosos en los centros oficiales o tomas de posesión de ministros sobran porque están ejerciendo permanentemente alguna eficacia. Tienes que ser un sin entrañas para ver un crucificado a diario sin que te afecte, excuso decir a un niño. Eso implica una violación de la neutralidad que debe presidir la actividad docente. Tampoco los profesores deben llevar símbolos porque actúan en nombre del Estado, por tanto deben ser exquisitamente neutrales. En cuanto a los alumnos, discrepo de la ley francesa, que también les incluye en la prohibición. A mi juicio, se les están conculcando dos derechos: la libertad de conciencia y el derecho a la imagen.

¿Se puede actuar legalmente contra el Papa por cuestionar la eficacia de los preservativos en la lucha contra el sida?
Estamos ante un supuesto que podría ser tipificado como un delito contra la salud pública. Una cosa es intentar convencer a todo el mundo de que no tenga relaciones sexuales y otra poner en cuestión la eficacia de los preservativos. En este campo los que tienen autoridad son los médicos y no él.

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