2009/06/19

> Berria: Abortua > EL PP SE DESMARCA DE LOS OBISPOS EN SUS ATAQUES A LA LEY DEL ABORTO

  • El PP se desmarca de los obispos en sus ataques a la ley del aborto
  • La Iglesia apela al voto de los católicos pero el partido recalca su autonomía
  • El País, 2009-06-19 # Fernando Garea / J.A. Aunión • Madrid
La Conferencia Episcopal Española lanzó ayer un nuevo ataque a la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno con un claro mensaje a quienes tienen que votarla en el Congreso: "El anteproyecto constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto. Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón".

Sin embargo, el PP marcó distancias con el comunicado, para presentar su radical oposición al cambio legal como una decisión autónoma. Es decir, los populares dejaron claro su rechazo al proyecto de ley que prepara el Gobierno, pero presentándolo como una decisión del partido, al margen de la doctrina de la Iglesia. Ejecutaron de forma coincidente esta posición el presidente del PP, Mariano Rajoy; el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y la responsable de Organización, Ana Mato. Fuentes de la dirección del PP aseguran que se trata de demostrar que "se puede llegar por caminos distintos y autónomos a una misma conclusión de rechazo".

Rajoy aseguró en Bruselas que votará en el Congreso contra lo que considera un "disparate" por "convicción propia" y no porque lo pida la Conferencia Episcopal. El líder del PP rechazó opinar sobre el comunicado de la cúpula eclesiástica y dijo que él no es "comentarista" y que cada uno puede decir lo que considere oportuno. "Votaré en contra pero no porque lo diga nadie, y yo no voy a comentar las declaraciones de la Conferencia Episcopal ni de nadie porque no es mi función. Todo el mundo tiene el derecho a hablar, y punto", aseguró.

Con argumentos muy parecidos a los que ha mantenido hasta ahora -presentar el aborto como un derecho es una "fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo" el proyecto de ley-, los obispos lanzan su llamamiento poco después de que la futura norma demostrase un amplio apoyo en el Congreso por parte de PNV, ERC, BNG, IU, ICV, NaBai y, por supuesto, PSOE.

Poco después de la presentación del documento, González Pons afirmó que los obispos tienen "una responsabilidad muy grande" con todos los católicos, aunque dentro de su ámbito, que es "la religión". La dirigente del PP Ana Mato se esforzó también en diferenciar el ámbito de la Iglesia del de los partidos. Así, aseguró que respeta lo que diga la Iglesia en el ámbito religioso y moral y que los políticos se dedican a otra cosa: "a hacer política".

El interés del PP por marcar su propia posición al margen de lo que diga la Conferencia Episcopal ya se apreció en la última manifestación contra el aborto, en la que participaron miembros del partido pero a título particular. No hubo representación oficial del PP, ni apoyo expreso previo de la dirección, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior legislatura en la manifestación contra el matrimonio homosexual.

El PP rechaza radicalmente la reforma planteada por el Gobierno, pero pone en primer lugar el argumento de que no encaja en la Constitución, antes que los razonamientos morales o religiosos de la Iglesia. El PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, y la responsable de Igualdad, Carmen Montón, reafirmó su intención de sacar adelante la reforma que da más garantías a las mujeres.

Por otra parte, la diputada del PP Celia Villalobos asegura ahora que su abstención en la votación de la moción que pedía parar la ley se debió a un error.

  • Interrumpir el embarazo "es matar"
  • El País, 2009-06-19 # J.A.A. • Madrid
La reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno, si se llega a aprobar, "supondría un serio retroceso en la protección de la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy grave para el bien común". En la declaración aprobada ayer por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), los obispos desgranan el anteproyecto de ley para contraponer su visión del aborto.

Lo que más solivianta a la CEE es que se considere un derecho "algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida". No se puede, insisten, dejar esa decisión al arbitrio de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo (plazo en el que la futura ley permite decidir libremente si abortar o no). Tampoco entienden que la interrupción del embarazo pueda concebirse como una decisión privada y critican que las adolescentes de 16 y 17 años puedan tomarla sin consultar a sus padres.

El documento de la CEE arremete contra la idea de que la interrupción del embarazo sea cuestión de salud: "Decidir abortar es quitar la vida a un hijo ya concebido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad", dice el texto y añade: "Abortar no es nunca curar, es siempre matar". Critican también que no se apoye suficientemente a las mujeres frente "al drama del aborto" y rechazan lo que ellos consideran una "imposición" de una educación moral sexual "abortista y de género" -el proyecto habla de la promoción de una estrategia de formación en salud sexual y reproductiva para todo el sistema educativo-. Este argumento recuerda mucho al que han sostenido la Iglesia católica contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Los obispos expresan su preocupación porque queden desprotegidos los sanitarios que "por motivos muy justificados" se nieguen a practicarlos -la ley dice que se garantizará en todas las comunidades la posibilidad de interrumpir el embarazo-. El portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, recordó la excomunión inmediata y automática de cualquiera "que participe directamente en un aborto que realmente se ejecute", es decir, como mínimo, de la mujer que aborta y los médicos que lo practican.

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