> Berria: Indarkeria > ASESINATO DE IZASKUN EN GERNIKA: TODO FALLO

• Todo falló
• La Justicia y sus mecanismos legales dejaron a Izaskun Jiménez a merced de su agresor. El fiscal que llevó el caso en Iruñea en 2006 pactó con el abogado de Jesús Francisco Jiménez su libertad. El juez pidió a Izaskun que se marchara de Lodosa.
• Deia, 2009-03-27 # G. Forner

Jesús Francisco Jiménez, el marido y asesino confeso de Izaskun Jiménez, sólo estuvo 23 días preso porque en junio de 2006 el fiscal del juzgado de lo Penal número dos de Iruñea llegó a un acuerdo con el abogado del agresor, que pidió su libertad a cambio de una orden de alejamiento después de que Izaskun retirara la denuncia contra su marido, por el que sentía pavor. El juez no puede oponerse a los pactos del ministerio público, quien vela por los intereses de los ciudadanos, así que no le quedó más remedio que dejarle en libertad y decretar la orden de alejamiento. Como legalmente no podía hacer nada más por ella, le arrancó una promesa: que se marchara de Lodosa y se fuera a vivir a otro lado bien lejos de su marido. Ella asintió, recogió sus bártulos del hogar de acogida a mujeres maltratadas de Iruñea y se fue con sus hijos al pequeño municipio de Busturia. Pero él la encontró.

"Es el problema de siempre", advirtió ayer la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella. "Los fiscales deben actuar de oficio ante los casos de violencia de género, pero prefieren negociar con el abogado del asesino. Nos están fallando". En enero de 2005 entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género en la que se recoge explícitamente la obligación del ministerio público de actuar de oficio aunque la víctima retire la denuncia, algo muy habitual, ya que se encuentran en una espiral de violencia física y terror psicológico del que no saben cómo salir. No es tan fácil.

Fuentes del tribunal de Iruñea explicaron ayer que los fiscales "prefieren pactar con los abogados y obtener una sentencia condenatoria firme a seguir con el proceso y que luego en el juicio la víctima se niegue a declarar contra su marido". El testimonio de la mujer suele ser la prueba de más peso, pero en este caso existían informes forenses y médicos suficientes, además de un auto anterior del juzgado de Lizarra, que alertaban de la "peligrosidad" del marido. Explican que sometía a toda la familia a gravísimos malos tratos físicos y psíquicos desde 1980, que causaron en Izaskun y en al menos dos de sus cinco hijos estados de depresión, ansiedad, aislamiento social, miedo, estado de alerta y vigilancia.

"El problema es que si el fiscal no pide prisión, el juez no puede decretar cárcel. Y con los indicadores tan graves, que mostraban que la vida de Izaskun y la de sus hijos corría peligro, el fiscal tenía que haber pedido al juez que siguiera con el proceso", resume Estrella.

El ministerio público es el letrado que en los juicios se encarga de defender los intereses de la sociedad, por lo que debe velar por las víctimas. Está capacitado legalmente para llegar a un acuerdo con el abogado de la defensa si considera que es la mejor opción en el proceso. De ser así, el magistrado debe aceptar el pacto y adoptar las medidas legales previstas en él. En todos los ámbitos de la judicatura dichos acuerdos son habituales, el problema es que en los casos de violencia de género se aceptan sabiendo que la víctima no está en condiciones emocionales, anímicas y económicas óptimas para decidir sobre qué es lo mejor para sí mismas. Además, en los casos de violencia machista se debe prever que la violencia no va a acabar porque la mujer retire la denuncia.

"Todo lo contrario, pero ellas no son conscientes. Retiran la denuncia por miedo y dependencia emocional y cuando vuelven con su pareja se exponen a una situación todavía más peligrosa para ellas. Piensan que él les perdonará, pero la realidad es que no perdonan, sino que creen que por su culpa tuvieron que pasar por comisaría y ser detenidos públicamente", indica la presidenta de Clara Campoamor . "La ley prevé mecanismos para evitar esa situación: que los fiscales continúen con el proceso legal y que ellas sean asistidas psicológica, económica y socialmente".

DENUNCIARÁN AL ESTADO
La situación se podría explicar con una comparación un tanto simple: las mujeres maltratadas son como un niño pequeño que necesita de sus padres para acertar con sus decisiones y sobrevivir. Y sus padres son el Estado y los mecanismos que pone a su alcance. Por eso la asociación ha decidido denunciar al Estado ante la Audiencia Nacional por el caso del asesinato de Asun Villalba a manos de su pareja hace dos años en Gasteiz. Ella le había denunciado en cuatro ocasiones; él había sido condenado dos veces y ella había retirado una denuncia. En el cuarto y último proceso, el juez archivó el caso. Pocos meses después ella falleció apuñalada.

Previsiblemente, Clara Campoamor también denunciará al Estado por el caso de Izaskun Jiménez, y sus mecanismos de defensa a las mujeres también se han puesto a rodar. "Cuando Zapatero estaba en la oposición nos convocó para que elaboráramos una ley contra la violencia de género. Entonces no la pudo aprobar, pero es lo primero que hizo cuando fue nombrado presidente". Parece que no ha sido suficiente, así que Estrella sigue buscando todos los resquicios legales para poner a la judicatura en pie de guerra contra el machismo.

Izaskun y Asun eran parientes lejanas
La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, se reunió el miércoles con la familia de Izaskun Jiménez que, trágicamente, compartía un familiar lejano con la también fallecida por violencia machista Asun Villalba. En concreto, una tía. Los familiares de Jiménez asistieron el miércoles al juicio que se está celebrando en Gasteiz contra el marido de Villalba para conocer a los abogados de la acusación particular y de la acusación popular, ejercidas por dos letrados de la asociación feminista. "Les ha gustado cómo llevan el caso y nosotros les hemos ofrecido nuestra ayuda", indicó Estrella. Así que uno de sus abogados representará a Izaskun y su familia y otro representará a la asociación como acusación popular. Clara Campoamor tiene una amplísima experiencia defendiendo a mujeres maltratadas y a sus familiares, por lo que ya ha empezado a recabar los documentos jurídicos, atestados policiales, informes médicos y demás información de los equipos sociales que serán incorporados en el caso como pruebas. Sus letrados siempre piden la pena máxima para los agresores, por lo que se espera que al menos soliciten entre 15 y 20 años para Jesús Francisco Jiménez por un delito de asesinato.