> Berria: Abortua > EL PSOE SALVA CON UNA FORMULA AMBIGUA EL ABORTO DE LAS MENORES

• El PSOE salva con una fórmula ambigua el aborto de las menores
• La joven que alegue "fundadamente" miedo o coacciones podrá eludir informar a sus padres. El dictamen sobre la ley se aprueba sólo con el PP en contra
• El País, 2009-12-11 # Mónica Ceberio Belaza . Madrid

El Congreso de los Diputados llegó ayer finalmente a un acuerdo sobre los abortos de las menores de 16 y 17 años. La solución ha contentado a casi todos -al PSOE, los partidos de la izquierda y PNV-, pero a costa de resultar algo ambigua. Las menores podrán decidir por sí mismas interrumpir su embarazo, pero deberán informar al menos a uno de los padres o tutores. Se les permite que no digan nada sólo si alegan "fundadamente" que esto les provocará "un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". ¿Quién decide si la alegación de la chica es "fundada"? Se entiende que el médico que realiza el aborto, pero no está claro hasta dónde y con qué criterios deben y pueden decidir los facultativos, lo que podría provocar problemas de interpretación y distintas aplicaciones de la ley.

El Gobierno ha matizado así, en aras del consenso, el artículo de su proyecto de ley que equiparaba el aborto con el resto de las prestaciones sanitarias -salvo los ensayos clínicos y la reproducción asistida-, en las cuales a partir de los 16 años el paciente tiene plena autonomía. Carmen Montón, portavoz de Igualdad del PSOE, aseguró ayer que sólo se exigirá que la menor explique verbalmente al médico los problemas que le ocasionaría decir a sus padres que quiere abortar.

El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y sus límites ha sido otra de las grandes modificaciones que se aprobaron ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso por todos los grupos salvo el PP (que votó en contra) y CiU (que se abstuvo por las distintas opiniones que existen dentro del partido). Con esta norma se reconocerá por primera vez en un texto legal el derecho a objetar de los profesionales sanitarios, pero se especifica que deberán ejercerlo de forma individual, por escrito y que sólo podrán hacerlo aquéllos directamente implicados en la intervención -en España ha habido casos en los últimos años de celadores y camilleros objetores que se negaban incluso a trasladar a las mujeres-. En la exposición de motivos se incluirá además un párrafo especificando que el derecho a la objeción "será articulado en un desarrollo futuro de la ley".

En las enmiendas se ha añadido también que los poderes públicos garantizarán "la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo", pero esto, si no se concreta en una materia obligatoria y se definen los contenidos, quedará en nada, puesto que la educación sexual forma ya parte de los contenidos transversales educativos y en la práctica depende de cada centro que se imparta o no. Se ha introducido también un artículo para que las carreras de medicina y ciencias de la salud incluyan investigación y formación en la práctica de abortos.

Otra novedad importante, pero que deberá concretarse a través del Consejo Interterritorial de Salud, es la futura incorporación de los anticonceptivos llamados "de última generación" -más nuevos, más caros y más demandados por las mujeres- a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. ERC e IU/ICV han propuesto que sean gratuitos para las mujeres más vulnerables para ayudar a la prevención de embarazos no deseados, pero no parece que esta petición vaya a prosperar.

El texto y las enmiendas se votarán la semana próxima en el pleno del Congreso y el proyecto pasará después al Senado. Según la nueva redacción, el aborto quedaría regulado de la siguiente forma: 14 semanas de plazo libre; hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada (que tendrá que determinar un único médico, distinto del que practique el aborto) o graves anomalías fetales (en este caso se exige el dictamen de dos doctores); pasada la semana 22, sólo podrá interrumpirse el embarazo por anomalías fetales incompatibles con la vida (diagnosticadas por un médico) o cuando se detecte en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable" y así lo "confirme un comité clínico".

Objeción y menores
- Objeción de conciencia: "Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho a ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas (...). El rechazo (...) es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado (...) que debe manifestarse anticipadamente y por escrito".
- Menores de 16 y 17: "En el caso de las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas (...). Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave manifestado o peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

• El PNV cruza el río
• El País, 2009-12-11 # Fernando Garea

Han ganado Lampedusa y su "si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". Ha cambiado la redacción del artículo en el que, lamentablemente, se ha centrado el debate, pero las mujeres de 16 años siguen teniendo la capacidad de decidir y de hacerlo en solitario.

Un caso práctico para explicarlo: "Mis padres me van a matar", le dice una mujer de 16 años al médico que le va a practicar el aborto. Como la ley no establece qué es "alegar fundadamente", esa frase de la mujer servirá para probar que hay "un conflicto", "amenazas o coacciones". De forma alambicada, pero el PSOE ha logrado que el PNV acepte la decisión de la menor para acogerse a la excepción de no informar a los padres. No obstante, se deja aún un impreciso margen de actuación al médico, idéntico al que tiene para cualquier operación, incluidas las de estética, según la ley de autonomía del paciente que hizo el PP. Esa ambigüedad puede tener una contraindicación: volver a un sistema en el que en las clínicas privadas, previo pago, no informan a los padres, mientras que en las públicas se ponen obstáculos y no se acepta la palabra de la menor. Es decir, un aborto público restringido y otro privado más amplio, dualidad con la que se quería acabar.

Carmen Montón (PSOE) y Joseba Aguirretxea (PNV) -por cierto, padre de dos chicas adolescentes- desbrozaron en el último minuto el último obstáculo para incorporar a los nacionalistas al consenso. Un valiente giro histórico del PNV que entierra el argumento de la falta de consenso. La dirección del PNV aprobó un texto incluso más avanzado pero, por ejemplo, vio problemas sobre la patria potestad y negoció para que la excepción sea la no información a los padres y no al revés. La izquierda, pese a que tenía votos suficientes, ha hecho renuncias para que el Grupo Popular sea el único que se opone en bloque. Hasta se incluyen enmiendas de CiU y habrá 185 diputados excomulgados. Para buscar ese consenso y quizás también para aliviar su conciencia, José Bono ha hecho gestiones en la sombra estas semanas entre su partido y el PNV. La ley redunda con la LOE en la educación sexual y establece la financiación pública de anticonceptivos, todo para que la norma sea integral, incluya medidas de prevención, responda al nombre de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y dé el paso histórico de sacar el aborto del Código Penal. Como ocurre hace tiempo en el resto de Europa. "Cruzar el río" es la expresión gráfica de Aguirretxea para explicar que la ley en vigor era un "inmenso coladero" y que había que hacer una con garantías. Y el PP se queda solo denunciando la falta de consenso.

"La sexualidad es cosa de dos", dijo en el Pleno su portavoz, Susana Moneo, y hasta diputadas de su grupo le hicieron ver luego que deben presentar una posición algo más actualizada y abierta sobre el sexo.