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• Escuela sin Crucifijo
• ABC, 2009-08-10 # Editorial

El ministro de Justicia anuncia la intención del Gobierno de retirar los símbolos religiosos de la escuelas públicas en el marco de un «claro deslinde» entre el fenómeno religioso y la laicidad del Estado. Francisco Caamaño pasa por ser un político moderado y dialogante. Llegó al Ministerio con el encargo de reconstruir los puentes en las relaciones entre el Ejecutivo y los jueces, que su predecesor había hecho pedazos. Sin embargo, nadie es capaz de sustraerse a la ola de dogmatismo ideológico que Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha para ocultar su fracaso ante la crisis económica. En la órbita de su jefa política, la vicepresidenta Fernández de la Vega, el titular de Justicia insiste en el objetivo de una reforma -inoportuna e innecesaria- de la Ley de Libertad Religiosa. En ese contexto, plantea la supresión del Crucifijo en la escuela, siempre con un tono de aparente objetividad y con la peculiar excepción de los bienes de carácter histórico-artístico, los cuales -concede generosamente- «no podrán destruirse». La opinión pública recibe con perplejidad esta expansión veraniega del ministro competente para las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Además de la absurda referencia a los bienes culturales, que no abundan precisamente en las escuelas públicas o privadas, los ejemplos que se le ocurren para limitar la libertad de conciencia (entre ellos, ir desnudo al colegio) reflejan esa improvisación plagada de ocurrencias que resulta ser la seña de identidad del Gobierno.

Si el PSOE quiere mantener una relación razonable con los católicos españoles, basta y sobra con cumplir la Constitución, cuyo artículo 16 ofrece pautas inequívocas: carácter aconfesional del Estado y cooperación positiva con las diversas confesiones, con especial mención a la Iglesia católica, plenamente justificada por su arraigo histórico, social y cultural. No es cierto que la Constitución imponga una política laicista, como pretende Caamaño, sino que establece una colaboración al servicio de las creencias muy mayoritarias en nuestra sociedad. El respeto a la conciencia individual no exige una equiparación sin sentido en términos estrictamente democráticos entre unas y otras creencias religiosas. El ministro apunta también a los hospitales y a las Fuerzas Armadas como nuevos objetivos para esta ofensiva laicista. Estamos otra vez ante un gesto del Gobierno hacia los sectores radicales en nombre de una interpretación falsa y sesgada de la Norma Constitucional que suscita el rechazo de una gran mayoría de los ciudadanos.