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• "Habría que debatir sobre discriminación positiva para trabajadores con VIH"
• Expertos constatan en Donostia las "barreras" laborales para seropositivos. Los tribunales intentan resolver casos concretos de vulneración en varios ámbitos
• Noticias de Gipuzkoa, 2009-02-06 # Arantzazu Zabaleta • Donostia

"No es legal. No se le puede hacer la prueba del sida a un trabajador o candidato a un puesto sin su consentimiento. Pero se hace". Josefina Alventosa, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia y presidenta de la coordinadora Jurisida, fue una de las participantes ayer en la segunda jornada del II Encuentro Fipse sobre Investigación Social en VIH/sida que se clausurará hoy en la Facultad de Psicología de la UPV en Donostia. Alventosa participó en una mesa redonda en la que trató sobre el reconocimiento jurídico de los derechos de personas seropositivas a los que no se les respetan en ámbitos como el laboral o el sanitario.

La profesora reconoció que, en estos años se ha avanzado y que si, en un primer momento el trabajo se centraba en intentar superar el estigma de las personas infectadas y en el reconocimiento social de sus derechos legalmente, ahora la labor consiste en responder a situaciones concretas para las que la normativa no da respuestas concretas. "Por ejemplo, los casos de reproducción asistida en personas con VIH. En algunas comunidades autónomas la normativa lo permite y en otras no, aunque médicamente una mujer seropositiva puede quedarse embarazada y el niño no ser positivo , y también se puede limpiar el semen de un hombre infectado para no transmitirlo", explica la profesora.

Otro de los ámbitos en los que la discriminación sigue siendo una realidad es el laboral aunque, tal y como añadió Joaquín Roqueta, de Cesida, es cierto que las personas afectadas son conscientes de que sus derechos no pueden ser vulnerados por ser seropositivos y que saben que pueden acudir a la justicia ante un despido improcedente. En ese sentido, ambos coincidieron en que, aunque no es legal, en algunas empresas o para acceder a puestos públicos, es necesario pasar un reconocimiento médico que, en muchos casos, implica la prueba del sida aunque no se cuente con el consentimiento explícito del afectado. Alventosa expuso el caso de un funcionario administrativo europeo al que despidieron por negarse a someterse a la prueba del sida y al que el tribunal dio la razón. En lo que respecta a los despidos solapados, ambos reconocieron que, la mayoría se cierran en procesos previos con acuerdos sin sentencia, por lo que no supieron cuantificar cuántas demandas ha podido haber en los últimos años.

Esos análisis también suelen ser habituales en algunos procesos de selección en los que, según Roqueta, es una realidad que ha habido casos de personas que, a pesar de reunir todas las condiciones, no han sido elegidas para un puesto por ser seropositivas, aunque en esos casos es más complicado recurrir a los tribunales ante la dificultad de probar que ésa ha sido la razón para no seleccionar a un trabajador.

Un estudio sobre la Comunidad Autónoma Vasca que se presentará en breve y en el que ha trabajado María José Fuster, de Seisida, concluye, en ese sentido, que "el nivel de desempleo de personas seropositivas es más alto que la media". Fuster, que coordinó ayer la mesa redonda Salud y Calidad de Vida dentro del II Encuentro de Fipse, incidió en que siguen existiendo "barreras claras" a la hora de acceder al mercado laboral y que, precisamente, la estabilidad laboral y la inserción social son la base para que una persona afectada por el VIH pueda mantener una buena calidad de vida.

Por eso, Fuster recordó que los expertos coinciden en señalar que hacen falta medidas de inserción laboral y, con este estudio, desde Seisida pretenden abrir el debate acerca de si sería necesario o recomendable aplicar medidas de discriminación positiva para este colectivo. "No decimos que haya que implantarlas, pero sí sentarse y debatirlo", incidió Fuster.

Además del laboral y sanitario, Alventosa incidió en que sigue habiendo lagunas normativas en algunos otros ámbitos en los que son las sentencias de diversos tribunales las que van sentando jurisprudencia. Uno de ellos es el de la mujer, en casos en los que, por ejemplo, ha sido contagiada deliberadamente. "En principio no hay una norma y por ley las personas no están obligadas a comunicar si son seropositivas; pero sí existe la responsabilidad penal, la responsabilidad de no dañar a los demás", explicó, y añadió que en el Estado ha habido penas de cárcel por este motivo.

Además de la realidad jurídica relacionada con la vulneración de derechos de personas con VIH, el II Encuentro de Fipse trató ayer ámbitos como la prevención, el estigma social y la salud de las personas infectadas. Las jornadas concluirán hoy de la mano de la investigadora de la Universidad de Londres Helen Hoffe.