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2009/12/15

> Berria: Diskriminazioak > UN TRIBUNAL BRITANICO DESAUTORIZA AL GOBIERNO DE GIBRALTAR EN EL CASO DE UNA PAREJA DE LESBIANAS

  • Un tribunal británico desautoriza al Gobierno en el caso de unas lesbianas
  • Dice que discriminó a la pareja al denegar el alquiler conjunto de una vivienda pública
  • Europa Sur, 2009-12-15 # E.R. . Gibraltar
El presidente del Grupo por la Igualdad de Derechos (GGR), Félix Álvarez, aseguró ayer que el Consejo Privado -Privy Council-, el tribunal británico de mayor instancia para los territorios de ultramar, ha fallado a favor de la pareja de lesbianas a la que el Comité de Vivienda del Gobierno de Gibraltar denegó el alquiler conjunto de un inmueble público.

Según explicó Álvarez, esta resolución se traduce no sólo en que el citado comité "tendrá que conceder el alquiler conjunto, sino también en que está obligado a adoptar una nueva política respecto a las parejas del mismo sexo. Es más, el ministro principal, Peter Caruana, tendrá que reconsiderar seriamente muchos asuntos y no sólo en vivienda", puntualizó.

El fallo, según el GGR, afirma que el Comité de Vivienda "ha violado dos secciones de la Constitución de Gibraltar, uno relativo al derecho a la vida familiar y otro sobre garantizar la no discriminación. Esta decisión pone fin a una discriminación inaceptable contra un grupo determinado de ciudadanos, así como a la imprudente práctica del Gobierno de obligar a una pareja a solicitar dos viviendas separadas a pesar de la actual escasez de casas públicas", dijo el presidente.

Félix Álvarez agregó que esta resolución es "una muy buena noticia para la comunidad de gays y lesbianas en Gibraltar. Es una gran victoria que abre posibilidades de avance y éxito en nuestro camino hacia un trato igualitario. El hecho de que a partir de ahora las parejas del mismo sexo tengan que recibir el mismo trato al menos en materia de vivienda obligará al Ejecutivo a considerar la introducción de las uniones civiles", apuntó.

"El señor Caruana, a pesar de lo disgustado que está por los avances que el GGR ha conseguido tras muchos años de campaña y lucha, debe tomar buena cuenta de este fallo y, junto a su Ejecutivo, adoptar las medidas y los cambios políticos oportunos para garantizar la igualdad", reseñó el presidente de la asociación, quien expresó su felicitación a la pareja de lesbianas, "cuya determinación personal y coraje han permitido este importante progreso en Gibraltar".

2009/04/08

> Berria: Diskriminazioak > GIBRALTAR: UNA PAREJA DE LESBIANAS NO PODRA COMPARTIR UNA CASA DEL GOBIERNO

  • Una pareja homosexual no podrá compartir una casa del Gobierno
  • Un tribunal alega que el Ejecutivo "tiene derecho a proteger la familia tradicional"
  • Europa Sur, 2009-04-08 # Gibraltar
Una pareja de lesbianas no ha logrado convencer a la Corte de Apelación de que la política de vivienda del Gobierno discrimina a los homosexuales. Según adelantó ayer el Gibraltar Chronicle, la Corte de Apelación ha considerado que el Ejecutivo tiene derecho a proteger "la familia tradicional" favoreciendo a las parejas heterosexuales casadas en la adjudicación de casas. Así se cierra un caso que, de haberse resuelto en sentido contrario, hubiera supuesto un avance sin precedentes para los gays en el Peñón.

No obstante, hay que hacer hincapié en que la decisión del tribunal no fue unánime, ya que uno de los tres jueces encargados de estudiar la apelación de la pareja expresó su total acuerdo con sus argumentos y calificó de "ilegal" la política del Gobierno.

El caso data de 2006 cuando el comité de adjudicación rechazó que la pareja compartiera el alquiler de una casa. Y es que bajo la legislación actual, sólo los padres, esposos y esposas e hijos pueden aspirar a un alquiler compartido. Los abogados de la pareja concluyeron que ésta estaba en clara desventaja respecto a las heterosexuales, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Gibraltar y, por tanto, esta pareja no puede cumplir los requisitos del comité.

El Grupo por la Igualdad afirmó tras conocer la decisión que, en pocos años, el Gobierno tendrá que aceptar la legislación comunitaria en esta materia.