- La última razzia en una fiesta gay
- La Cámara del Crimen respaldó un operativo ilegal de la Policía Federal durante un evento privado en un boliche
- Crítica de la Argentina, 2009-03-15 # Pablo Corso
Las razzias, como el mate y la picana, son una tradición argentina. Su más célebre promotor fue Luis Margaride, un comisario que en los 60 ordenaba irrupciones en hoteles alojamiento y lugares nocturnos. Esa prédica tuvo una fiel continuadora en la Triple A y se intensificó en la última dictadura, que forzó al exilio a varios militantes del Frente de Liberación Homosexual. Siempre en la mira, la comunidad gay ya sabía muy bien de qué hablaba cuando hablaba de razzias.
Cuando llegó la democracia “abríamos todos los días y se llenaba el local”, recordó en el portal Artemisa el fallecido dueño del boliche Contramano, José Luis Delfino. Pero las redadas eran una incómoda constante: “Venía Moralidad y se llevaba gente a diestra y siniestra (…) me agarraba una indignación muy grande”, narró el protagonista, quien en su momento empezó a acompañar a la gente a las comisarías. Fue el comienzo de una militancia que lo llevó a prestar Contramano para la redacción del acta fundacional de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Un cuarto de siglo después, ciento veinte hombres bailaban desnudos y apretados en un boliche de Palermo. Otra razzia alocada interrumpió la diversión. Era la marca de la intolerancia, aún en democracia. Sucedió el 18 de abril de 2006 en una fiesta privada. Hubo encierro y humillación, pero la Sala VII de la Cámara del Crimen resolvió el 20 de febrero que la Policía Federal obró en base a derecho, rápido y sin violencia.
Tres miembros de la CHA que estuvieron ese día en el boliche Cero Consecuencia dieron una versión muy distinta: los efectivos de la comisaría 21ª –de uniforme y de civil– hicieron una megarazzia que duró hasta las 2 de la mañana. Con cuatro patrulleros de respaldo, el agente Miguel Lucero forzó la puerta del boliche y el caos fue inmediato: luces prendidas, música apagada y gritos contra los “putos de mierda”. Sin orden de allanamiento ni informar los motivos, los efectivos encerraron a los participantes y confiscaron sus documentos.
Lucero –dijeron testigos– fue quien “utilizó la mayor cantidad de violencia, burlas y amenazas”. Claudio Rom, RR.PP. del boliche, vio cómo entraban y salían del lugar policías sin identificación. “Comenzaron a separar a la gente entre los que estaban vestidos y los que no. Esto llevó casi una hora, hasta que se dignaron a decirles que procederían a revisarlos”. Mientras tanto, aseguró, les gritaban y se burlaban de ellos.
“Estaba en una cena con mis compañeros, nos avisaron y salimos enseguida para allá”, recordó el secretario de la CHA Marcelo Suntheim, quien vio cómo cinco policías de civil custodiaban a docenas de hombres en fila y casi desnudos, vueltos contra la pared. Como la ventana del frente estaba abierta, el bochorno era público. Tres personas se descompusieron y pidieron ayuda médica que nunca llegó. “Los agentes sólo se limitaron a seguir revisando, humillando y degradando a los concurrentes, a quienes ni se les permitía hacer preguntas”, relató un testigo.
HISTORIA OFICIAL. La policía argumentó que el operativo se originó por una llamada anónima que denunciaba venta de droga en el boliche. “Pero no revisaron la barra ni los baños”, detalló Suntheim, para quien el operativo fue “una invasión a un boliche gay con la probable finalidad de extorsión o de cobrar coimas”. Otras fuentes coincidieron con su hipótesis: “Como la dueña del lugar no colaboraba con la policía, esto pudo haber sido un apriete. Sobre todo teniendo en cuenta que no se encontró un solo cigarrillo de marihuana”. Desde el Poder Judicial criticaron las falencias en la lógica del operativo “incluyendo una privación ilegítima de la libertad bastante evidente”.
Los dirigentes de la comunidad gay gritaban a los participantes de la fiesta que el operativo era ilegal y que no debían identificarse ante quienes no exhibieran la credencial de policía. Cuando los efectivos escucharon las advertencias entendieron que el allanamiento se había complicado, pero las cosas no terminaron ahí. Cada asistente fue obligado a pasar por el vestidor, donde un agente abría sus bolsos y otro anotaba en una lista nombres, apellido y números de documento. Atemorizados, casi todos daban sus datos. Muchos estaban casados y necesitaban mantener el perfil lo más bajo posible. En la desesperación, una persona huyó por los techos.
Finalizada la requisa –y una vez que armaron un grupo compacto– los participantes de la fiesta lograron flanquear el portón y escapar del boliche. “Los testigos fueron amedrentados, a muchos se los fue a buscar a la casa en patrullero”, aseguró Suntheim. Por este y otros motivos, la CHA considera arbitraria la reconstrucción que la policía hizo de esa noche y tiene pensado apelar la decisión de la Cámara del Crimen, primero ante la Cámara de Casación Penal y luego ante la Corte Suprema. El caso también será sera presentado, prometen, ante la OEA y la ONU, todo con el apoyo de ILGA (la Asociación Internacional Lesbiana & Gay).
Crítica de la Argentina había publicado en mayo que para el fiscal de instrucción Jorge Ballestero lo ocurrido esa noche se reducía a una confusión policial. Así las cosas, los cinco efectivos más comprometidos fueron sobreseídos y premiados con un puesto –valga la paradoja– en la Secretaría de Derechos Humanos de la Federal. Manuel Garrido, el ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, cuestionó la medida y consideró que el operativo fue ilegal, violatorio de la Constitución y del Código Penal.
MAL OLOR. “Todo esto tiene un tufillo homofóbico”, reconoció a este diario una alta fuente judicial, a quien le consta que la fiesta incluyó sexo en el patio de Cero Consecuencia. Escandalizada, la policía llegó a vaciar una frappera llena de preservativos con el argumento de que eran una prueba. “Lo que hicieron es bizarro: los alinearon para sacarles fotos. No sé qué prueba querían obtener de ahí”, se preguntó la misma persona. En la causa está documentado, con precisión quirúrgica, que había 47 usados y 30 cerrados.
El caso se convirtió en bandera para la CHA, cuyo presidente, César Cigliutti, dijo: “Nosotros estuvimos ahí y sabemos bien cómo se comportó la policía. Vamos a pedir la nulidad del procedimiento”. Su organización consideró que la decisión de los jueces Juan Ciciaro y Abel Bonorino es “la evidencia de que no hay justicia para las personas homosexuales” y que el fallo “sólo se puede entender desde una actitud homofóbica y la complicidad con el violento procedimiento policial”.
En esa línea interpretativa, Garrido había argumentado que los participantes de la fiesta sufrieron “tratos vejatorios, degradantes y discriminatorios mediante insultos, malos tratos y escarnio”. Pocos creen en la teoría del episodio aislado: “Los lugares gay son, históricamente, los blancos fáciles de la policía –se quejó Suntheim–. La mayoría de los asistentes difícilmente quieran que se conozca su identidad. Son extremadamente vulnerables y por eso los vejámenes ocurren con naturalidad. Nuestro propósito es que ésta haya sido la última razzia de la historia”.
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